Instan a un potente ‘lobby’ a que apoye la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca

Empresarios, políticos y ahora impulsores del Corredor Mediterráneo han recibido información de la línea Guadix-Lorca.

Antiguas instalaciones ferroviarias de Baza.

Foto: Gentileza AAF Comarca de Baza

Han europeizado su reivindicación con su última iniciativa. Los responsables de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza se muestran incansables en su labor de recaudar apoyos para conseguir la reapertura de la línea Guadix-Lorca, clausurada hace 33 años por el Gobierno, entonces a cargo del PSOE. Cada vez hay más estamentos informados de las ventajas sociales que reportaría reactivar esta vieja infraestructura, y ello se debe a las diversas campañas llevadas a cabo por dicha Asociación, como comunicaciones directas con empresarios y políticos de Almería, Granada y Murcia, o avisos remitidos al Ministerio de Fomento y al propio presidente Mariano Rajoy Brey. Ahora, el último paso que han dado estos activistas ha sido buscar el apoyo de un ‘lobby’ como FERRMED, el potente grupo multisectorial que presiona desde hace años a la Unión Europea para dar impulso al Corredor Mediterráneo.

Representantes del consorcio FERRMED acudieron a la Cámara de Comercio de Almería con motivo de una jornada de trabajo centrada en el Corredor Mediterráneo, ese eje ferroviario internacional que tanto demandan los empresarios almerienses, y allí asistieron delegados de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, aprovechando para informarles sobre las medidas que están llevando a cabo para que se reabra la línea Guadix-Lorca. El discurso que han querido transmitir a FERRMED se centra en las características de esta línea, cuya reapertura vertebraría 11 comarcas distribuidas en tres provincias y dos Comunidades Autónomas del sureste peninsular. En definitiva, la Asociación solicitó su apoyo para esta causa, amparándose en una viabilidad que está avalada por distintos informes técnicos que declaran esta línea rentable social y económicamente a corto-medio plazo, aunque esta circunstancia debe ser determinada por un Estudio Informativo aún no encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy Brey y que tendría un coste aproximado de 1,6 millones de euros.

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