Quieren reactivar la línea Valladolid-Ariza con fondos europeos

Con la Alta Velocidad en auge, hay colectivos que pretenden concienciar a los políticos españoles de otra realidad.

Imagen de archivo de la estación de Aranda de Duero-Chelva.

Foto: JCC

En Castilla y León se están produciendo numerosos movimientos ciudadanos a favor del ferrocarril convencional y de volver a activar este medio de transporte en trazados cerrados a la circulación de trenes, alguno desde hace pocos años y otros desde hace décadas, como es el caso de la línea Valladolid-Aranda de Duero-Ariza. Clausurada para el servicio de viajeros desde el primer día del año 1985, ahora, 32 años después, diversos grupos sociales anuncian que aunarán esfuerzos para que esta infraestructura recobre la actividad, como los englobados en la ‘Plataforma Ciudadana de Castilla y León por el tren’. Este movimiento cuenta con la participación de varios partidos políticos, los principales sindicatos y otras asociaciones de índole social que se sienten desamparados por los Gobiernos de Mariano Rajoy, pero amparados por el Reglamento del Parlamento Europeo, que en el mes de diciembre de 2013 fijó los criterios para desarrollar redes transeuropeas de transporte que deben servir para vertebrar territorios próximos a índices poblacionales semidesérticos.

El citado Reglamento, que en concreto es el 1315/2013, sostiene una visión muy amplia del transporte ferroviario, ya que no sólo lo concibe en términos de Alta Velocidad para enlazar grandes poblaciones, sino que lo considera fundamental como un instrumento vertebrador en aquellos territorios más despoblados, con sus ciudadanos alejados de urbes importantes. Es por ello, por las circunstancias que confluyen en Aranda de Duero, Laguna de Duero, Quintanilla de Onésimo, Peñafiel, Almazán, San Esteban de Gormaz, etcétera, por lo que la ‘Plataforma Ciudadana de Castilla y León por el tren’ se cree con posibilidades de conseguir esta vuelta de los trenes a la línea Valladolid-Ariza. Para ello, este movimiento se va a dirigir al Ministerio de Fomento, a la Secretaría General de Infraestructuras, para que, teniendo en cuenta tanto los criterios apuntados en el citado Reglamento como que el trazado es propiedad de Adif, impulse su reapertura con financiación comunitaria en búsqueda de alcanzar cohesión y equilibrio social entre los territorios.

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